Agente Casos Relaciones Laborales

La gestión de los casos laborales en España se reparte entre cinco frentes con consecuencias muy distintas. El Estatuto de los Trabajadores regula las faltas y sanciones disciplinarias, con plazos de prescripción de 60 días para las graves y 6 meses para las muy graves, y el despido disciplinario, que exige audiencia previa al delegado sindical y, de no cumplirse, deviene improcedente con readmisión o una indemnización de hasta 24 mensualidades. La Ley de Igualdad obliga a proteger frente al acoso. La Ley 2/2023 de personas informantes impone un canal interno en las empresas de más de 50 trabajadores, invierte la carga de la prueba y sanciona las represalias con hasta 1 millón de euros. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social también invierte la carga de la prueba en los casos de discriminación, acoso y despido. Y el Código Penal añade la responsabilidad de la persona jurídica. La consecuencia: cualquier caso disciplinario en una empresa de 500 a 5.000 empleados puede activar a la vez hasta cinco obligaciones distintas.

Las sanciones acumuladas superan los 2 millones de euros

Las sanciones se acumulan por vías independientes. La Inspección de Trabajo puede llegar a 187.515 euros por las faltas más graves, y hasta 983.736 euros en materia de prevención por acoso. La AEPD puede imponer hasta el 4% de la facturación mundial por tratar datos sensibles del expediente sin evaluación de impacto. Las represalias contra un denunciante alcanzan 1 millón de euros, con inversión de la carga de la prueba. El despido improcedente conlleva una indemnización de 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades, más intereses y costas. Y la responsabilidad penal de la persona jurídica puede suponer la suspensión de actividades, el cierre de locales o la prohibición de contratar con la Administración, junto con la responsabilidad civil ilimitada de los administradores. En una empresa con incumplimientos recurrentes, la suma puede superar los 2 millones de euros.

16 microdecisiones: 11 deterministas, 2 indicadores de IA y 3 confirmaciones humanas

El agente descompone la gestión de los casos en 16 microdecisiones, todas deterministas salvo dos indicadores de IA y tres confirmaciones humanas. Cada decisión documenta el paso, la pregunta que resuelve, quién decide y la justificación, con la norma que la respalda, su traza en el sistema de origen y la vía de impugnación. Las once deterministas cubren la validación del fundamento jurídico y los plazos de prescripción, la notificación al comité de empresa y al delegado sindical, la protección de los denunciantes, la validación de los datos sensibles, la activación del programa de compliance penal, la generación de la carta de despido, el cálculo del finiquito, la sincronización con la nómina y la documentación del expediente para la defensa. Los dos indicadores de IA son el plan de desarrollo profesional como alternativa al despido objetivo y la viabilidad de la mediación. Y las tres confirmaciones humanas son la clasificación del tipo de caso, el procedimiento de acoso y el escalado de los casos de la alta dirección al Comité de Auditoría.

Contraste continuo con la jurisprudencia y el plan de la Inspección de Trabajo

El agente contrasta cada caso de forma continua con la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la UE, así como con el plan de acción de la Inspección de Trabajo y el plan estratégico de la AEPD. Comprueba que la audiencia previa al delegado sindical es obligatoria en las faltas muy graves, que se respetan el procedimiento sectorial del convenio y los plazos de prescripción, y que la carga de la prueba se invierte en los casos de acoso, discriminación y despido nulo, igual que en las represalias contra denunciantes. Verifica también la evaluación de impacto sobre los datos sensibles del expediente y la diligencia debida de los administradores en el programa de compliance penal. La documentación completa del expediente sostiene la defensa jurídica y se conserva durante cinco años.

Casos especiales: empleados públicos, acoso colectivo y trabajadores desplazados

Algunos casos requieren un tratamiento aparte. Los empleados públicos se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público, con un régimen disciplinario distinto del privado. El acoso colectivo activa la comisión paritaria, el servicio de prevención y medidas cautelares como la separación entre la víctima y el acosador, dentro de un plazo de 30 días. En el caso de los trabajadores desplazados, la Ley 11/2023 fija la ley aplicable y los plazos máximos de desplazamiento, con su coordinación de Seguridad Social. El despido objetivo por ineptitud se distingue del disciplinario y obliga a valorar los ajustes razonables por discapacidad y un plan de desarrollo previo, con una indemnización de 20 días por año. El despido nulo conlleva la readmisión obligatoria y los salarios de tramitación. Y en una situación de concurso de acreedores, la extinción de los contratos queda cubierta por el FOGASA.

Integración con los sistemas españoles

El agente se integra con las plataformas líderes en España. A3 de Wolters Kluwer y Sage NominaPlus son los más extendidos en el mercado, con módulos de casos disciplinarios e investigaciones. Cegid Meta4 domina en las grandes cotizadas. Bizneo, con su módulo de canal de denuncias, y Holded cubren a las pymes, mientras que SAP SuccessFactors y Workday atienden al segmento enterprise. A ello se suman plataformas especializadas en canal de denuncias y ética como NAVEX, EQS, Convercent o Whispli, y plataformas de gobierno y compliance como ServiceNow u OneTrust, todas con certificación en compliance penal según la norma UNE 19601.